Cada vez más, oímos hablar de la incapacidad de la Unión Europea (UE) para actuar frente a una crisis que parece acorralarla. Se le acusa de inoperancia y de debilidad, pero ¿es éste realmente el problema? En mi opinión no exactamente.
La Unión Europea – la Comisión Europea en realidad – ha estado lejos de mostrar debilidad. ¿Acaso puede considerarse débil una institución que ha logrado cambiar radicalmente los planes de política económica de un país, forzando a los partidos en el gobierno a aprobar medidas que les podrían alejar del poder durante años, si no hacerles desaparecer? ¿Una institución desde la que se ha llegado a situar en el gobierno de Italia a un primer ministro que no ha pasado por las urnas para ello? ¿Una institución que ha afectado a las vidas de millones de ciudadanos de manera mucho más directa de lo que lo han hecho algunos gobiernos? No, no ha sido débil, más bien ha mostrado una firme mano de hierro y una capacidad de influencia tal, que cada vez son más los que desean ponerle límites, al menos en la forma en que la orientación de estas políticas se está desarrollando. Y esta es, a mi forma de ver, la causa del problema. La UE no es débil, su capacidad para tomar decisiones e influir en las políticas de los Estados Miembros es amplia, sin embargo, la forma en que se deciden estas políticas y los órganos comunitarios que ejercen el poder se han alejado de lo que cabía esperar de la Unión.
El gobierno de la UE se ha ido desvinculando del Parlamento Europeo, en el que los ciudadanos y también todos los Estados Miembros estamos representados, en favor de un ente más difuso cuya cabeza visible es la Comisión Europea, o más bien sus comisarios. Desde este organismo, rodeado de un aura de la llamada tecnocracia, en el que las decisiones son tomadas desde la distancia y sin tener que rendir cuentas directamente ante los ciudadanos, se ha llevado a cabo el cambio en la política económica comunitaria hacia la austeridad. Una política cuyos resultados se exponen a continuación antes de reflexionar sobre cuál es la motivación para insistir sobre ella.
En 2010 se produjo una recaída en las economías europeas que se recuperaban de una primera crisis iniciada en 2007. Esta segunda crisis, con un origen diferente a la anterior, fue la que precipitó las nuevas políticas de austeridad, poniendo el acento en el control del déficit – y no de la deuda – de los países. Desde entonces los recortes impuestos han contraído las economías europeas, que han vuelto a decrecer, mientras la tasa de paro ha seguido aumentando. Además, las previsiones no son alentadoras y es que la propia Comisión Europea, en sus previsiones, reconoce que en países como España no habrá crecimiento hasta 2014, año en que con un leve 0,9% de crecimiento, prevén una reducción de la tasa de paro de 0,6 puntos tras 4 años de políticas de austeridad. Pero incluso esta previsión está en entredicho. Dejando al margen el hecho de que en España nunca se ha reducido la tasa de paro con un crecimiento del PIB tan bajo, cabe señalar que las propias previsiones de la Comisión Europea se han visto corregidas a la baja sistemáticamente en prácticamente todas las economías periféricas (España, Italia, Portugal, Grecia e Irlanda) de la UE. Así, para este año 2013 en España, el crecimiento previsto en el otoño de 2012 por la UE era del -1,3, en invierno la previsión descendía al -1,4 y en sus recientes previsiones de primavera se ha rebajado a un -1,5. Respecto a la cifra de paro prevista para este año, la previsión empeora de un 26,6% a un 27%. Y este panorama se agrava aún más si consideramos el informe presentado el el 16 de abril por el FMI, que estima una caída del PIB aún mayor, hasta el -1,6 en 2013 y un menor crecimiento en 2014, del 0,7. A la vista de estos datos cabe preguntarse si el control del déficit está logrando su objetivo primario de generar crecimiento y empleo. De hecho, cabe preguntarse si éste es el objetivo primario.
Pero ¿qué está pasando con el déficit? ¿Y con la deuda? El déficit, efectivamente, se ha reducido en los países periféricos, sin embargo las previsiones se siguen revisando a peor tanto para España (con y sin rescate a los bancos) como para Italia. Respecto a la deuda, resultado de la acumulación de los déficits anuales, sigue aumentando en todos estos países, y en España ha pasado de un 61,5% del PIB en 2010 a un 88,4% en 2012.
Y es que, como muestran estos datos, no hay mejor política de control del déficit que favorecer el crecimiento, ya que cualquier cifra de deuda o de déficit seguirá siendo un lastre sobre una economía que no crezca. Sin embargo, el diseño de la política económica, que debería consistir en perseguir un adecuado equilibrio entre el crecimiento y el ajuste fiscal, como han realizado las economías estadounidense, japonesa, o incluso británica, parece haber desechado el crecimiento en esta ecuación, limitándolo a una promesa futura, subordinada a la reducción del déficit.
La cuestión entonces es ¿Por qué se incide en estas políticas con tan incierto resultado, tan impopulares y que tantos sacrificios están exigiendo a los ciudadanos europeos? Unas políticas rechazadas por el grueso de los economistas académicos más prestigiosos; por partidos políticos de izquierda, y también algunos de derecha (cuando llegan al gobierno) como es el caso del Partido Popular en España, que ha estado pidiendo relajar los objetivos de déficit. Unas políticas que hasta el FMI pone ya en entredicho, con la publicación por parte de Olivier Blanchard, su economista jefe, de un informe en el que estiman que la traslación al crecimiento económico de los ajustes, el multiplicador fiscal, es del 1,5 (mayor del 0,5 estimado al inicio de la crisis) y en consecuencia piden suavizar las políticas de austeridad.
La primera explicación a esta cuestión es la existencia de economistas que realmente creen en una realidad económica que se ajusta a los modelos más neoliberales. Estos economistas a menudo se caracterizan por hablar sin tapujos, con la seguridad que les proporciona el conocimiento absoluto que creen tener sobre el funcionamiento económico. Así, el señor Hans-Werner Sinn, presidente del instituto económico alemán IFO, no tiene problema en decir abiertamente que el seguimiento de estas políticas supondrá 10 años más de crisis en España, hasta 2023, y habla con soltura de repartir sufrimiento y asumir que hay dolor aún por llegar. Pero, ¿Quién ha permitido que estos economistas accedan ahora a los órganos de decisión y desarrollen sus políticas sin restricciones?
La respuesta, creo, da lugar a la segunda explicación, quizá más importante, del sostenimiento de las políticas de austeridad. Ésta es un conjunto de intereses de diferentes grupos de presión y de poder que se benefician de estas políticas. Por un lado, el interés económico de los países acreedores en asegurar la recuperación de sus inversiones en el período de tiempo más corto posible y el interés político de los países que han sido contribuidores netos en los fondos de rescate de demostrar que existe una contrapartida, en forma de recortes, en los países rescatados. Por otro lado, en los países en que se aplican las medidas de austeridad, existen grupos de poder, en España capitalizados por el actual partido en el gobierno, que a pesar de no ser ahora tan entusiastas de la austeridad, si lo son del manto que genera y bajo el cual están transformando la realidad social de una manera que nunca antes se habían atrevido. Porque subidos al tren de “la distribución del sufrimiento” como decía Hans-Werner, justifican lo que en realidad son ataques al modelo de estado de bienestar con el que hasta ahora se veían obligados a convivir. Estos grupos de poder reparten sufrimiento con precisión, una puntería que alcanza las ayudas a la dependencia sin rozar las de la Iglesia. Que masifica las aulas de la escuela pública sin amenazar a las concertadas que segregan por sexo. Que dinamita la negociación colectiva a la vez que dificulta el acceso a la prestación por desempleo. Que aplica, en suma, las políticas que siempre han querido desarrollar.
El problema de la Unión Europea no es, por tanto, su falta de capacidad para actuar, sino los mecanismos a través de los cuales se orienta esta actuación, hoy controlados por grupos de presión y países con intereses egoístamente nacionales. El cambio en las políticas de austeridad no pasa por la deconstrucción de la UE, sino por un cambio político que reoriente su actuación, eliminando la enorme influencia que se ha dado a los grupos de presión neoliberales, reforzando un parlamento que responda ante los ciudadanos que lo eligen, y fomentando una integración real entre los Estados abordada con solidaridad y una perspectiva común. Para ello, en última instancia, se necesitan mayorías políticas en los diferentes estados que sean europeístas en los términos descritos y estén dispuestas a incidir en estos cambios.
Este artículo ha sido publicado originalmente en la Fundación Ideas:
http://www.fundacionideas.es/sites/default/files/AO_Consecuencias_de_la_Asusteridad_07052013.pdf