Si se produce un delito cometido por un menor, el Partido Popular no dudara en defender un endurecimiento de la ley del menor, para aplacar el “crecimiento galopante de la delincuencia juvenil”, a pesar de que las estadísticas indiquen que desde 1992 el índice anual de delitos y actos vandálicos cometidos por menores haya disminuido año tras año (justo lo contrario que el índice de fracaso escolar y el consumo de drogas, que no ha parado de crecer).
Si un reincidente comete un delito violento, el Partido Popular no dudará en pedir que se abra el debate de la cadena perpetua, pese a que esta pena sea manifiestamente inconstitucional, a que la tasa de delitos violentos por habitante se sitúe entre una de las más bajas de Europa y a que tengamos una de las mayores tasas de población reclusa.
Pero si la justicia destapa la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia, un juez imputa a varios cargos del Partido Popular, entre ellos el tesorero del partido, y aparecen evidencias fundadas sobre financiación ilegal de actos electorales, entonces los líderes conservadores cargan contra el estado policial en que se está transformando España.
Al final parece que lo que le pasa a la derecha es que confunde el sentido de estado con el derecho de propiedad.
Viñeta de Público http://blogs.publico.es/vergara/