Atado y bien atado (Los errores de la Transición)

Utilizando esta frase que dijo Franco en relación con su sucesión, quiero analizar aquí las cuestiones que, en mi opinión, parecen haber quedado “atadas y bien atadas”. Es decir, que se han obviado por el debate político o que no han tenido cabida después de la transición.

La primera cuestión es, sin duda, la investigación de los crímenes franquistas. Crímenes de una enorme crueldad, ya que durante el franquismo, se cometieron sistemáticamente fusilamientos, desapariciones, persecución política y todo tipo de vulneraciones a los derechos humanaos. La transición y la democracia española no han sabido reparar las atrocidades cometidas durante la Dictadura franquista, ni tampoco determinar la responsabilidad penal de sus autores. El mejor ejemplo y más actual es el proceso que está llevando al juez Garzón a un juicio oral en el Tribunal Supremo por una supuesta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Garzón, procedió a una investigación de los crímenes al no aplicar la Ley de Amnistía, ya que estaba investigando delitos de lesa humanidad, utilizando la consolidada interpretación doctrinal que se desprende del Código penal español, la Ley de Enjuiciamiento Criminal e, incluso, la propia doctrina que en su día utilizó el propio Tribunal Supremo, que determina la nulidad de las leyes de amnistía o “punto final” para este tipo de delitos (lesa humanidad).

Además, hay que recordar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado a su declaración de nulidad. Para colmo, la acusación particular del caso se compone por la Falange Española y por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, lo que da al proceso un tinte grotesco e insultante. También es asombroso como el juez Luciano Varela ha dictado un auto de procesamiento contra Garzón sin haberle concedido ni una sola prueba. En definitiva, resulta una terrible paradoja, que el primer juicio que va a haber en España por los crímenes del franquismo, va a sentar en el banquillo precisamente al juez que intentó investigarlos. Mientras, los familiares de las víctimas del franquismo siguen sin tener reparación y con sus familiares en las cunetas, sin poder “recuperar” o conocer el paradero de los mismos. Hay que señalar que, aunque la Ley de Memoria Histórica fue un digno intento, no ha conseguido la reparación necesaria.

La segunda cuestión es que se ha apartado del debate político la forma política del Estado. Es decir, no se discute la monarquía parlamentaria como forma política, ni se plantea la República como alternativa. Evidentemente, determinados grupos y partidos políticos sí que han reivindicado la República, pero no ha habido ni un debate en la sociedad española, ni la ciudadanía ha podido manifestarse democráticamente al respecto (aunque algunos alegan que al votar el referéndum de la Constitución de 1978 sí se hizo, yo no lo considero así). La justificación ideológica de la República es la igualdad. Es decir, que cualquier español pueda acceder a la Jefatura del Estado democráticamente y en igualdad de condiciones, no heredándola. ¿Cuál es la justificación de la monarquía en el siglo XXI? ¿La gracia de Dios? ¿Por qué Felipe tiene que ser el próximo Jefe de Estado y no quién decidan democráticamente los españoles? Seguramente esta no parece una cuestión prioritaria, ya que la Corona y sus funciones están constitucionalmente tasadas y no tiene una gran incidencia en el ámbito político, pero sí es realmente desde una perspectiva filosófica o ética: ningún ser humano debería estar por encima de otro desde su nacimiento.

La tercera cuestión es la relación de las confesiones religiosas con el Estado, especialmente la Iglesia Católica. No está en el debate político, salvo algunas excepciones, la financiación de la Iglesia Católica, ni su enorme influencia en los centros educativos. No forma parte de la agenda del Gobierno la revisión del Pacto Iglesia-Estado. ¿Por qué el Estado español debe cooperar con las confesiones religiosas y no dejarlas para el ámbito privado? Una respuesta simple sería recordar que así lo dispone el artículo 16.3 de la Constitución española, sin embargo, ¿no es momento de volver a pensar dicho artículo? Deberíamos poder analizar que tipo de relación queremos entre el Estado y la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Los jóvenes, que hemos nacido ya en la etapa democrática y constitucional, que no vivimos ni la transición ni el franquismo, somos los que debemos retomar estas cuestiones. No podemos estar desapegados de nuestra Historia, pues para comprender el presente es necesario comprender nuestro pasado. Debemos afrontar estos debates con valentía y exponiendo nuestras posiciones, pero asegurándonos que lo hacemos desde el conocimiento y con la responsabilidad suficiente.

En el caso particular de los jóvenes socialistas, creo que deberíamos reclamar justicia para las víctimas del franquismo. Siempre justicia, nunca venganza, pero es que hasta el momento no sólo no han tenido justicia, sino que parece que el franquismo “vuelve a ganar” enjuiciando al juez Garzón. Con respecto a la República, debemos afrontar el debate, exponiendo por qué creemos que el mejor modelo de Estado sería el republicano, intentando no caer en una burda crítica a la monarquía. No se trata de insultar a la monarquía o al monarca personalmente, sino de exponer las ventajas de la República. Por último, en cuanto la relación entre las confesiones religiosas y el Estado, deberíamos proponer la configuración de un Estado laico, sin religión oficial ni cooperación estatal con las confesiones religiosas, avanzando hacia un modelo de financiación privado de las confesiones, especialmente de la Iglesia Católica que es la que más ingresos recibe del Estado español.

Estos son los temas que considero que no han podido ser realmente encarados desde la transición y que, en mi opinión, nosotros debemos afrontar.

Julio J. Alemán de Francisco